Al controversial expediente de la empresa minera Grupo México en su propio país se suman más manchas a este por sus actividades en el extranjero. Esta semana en España le ha sido suspendida una concesión por supuestos amaños en el trámite de adjudicación de una explotación y en Perú el Gobierno ha roto las negociaciones que tenía con ella para un proyecto minero hasta que se aclare la sospecha del intento de sobornar a un líder social.
Grupo México es la principal empresa minera de su país. En 2014 su volumen de ventas fue de 9.324 millones de dólares. Su presidente y accionista mayoritario, Germán Larrea, según Forbes el empresario es considerado como la segunda mayor fortuna de México después de Carlos Slim y la 67 del mundo, con un capital de alrededor de 15.000 millones de dólares. La figura de Larrea, heredero de un emporio forjado por su padre en los sectores del acero y la construcción, es enigmática. Apenas hay fotografías suyas y los datos de su biografía son difusos; incluso no se tiene certeza de su edad. De lo que no hay duda es de su fortaleza en la élite del poder mexicana y de las dudas que han rodeado y rodean el proceder de Grupo México.
El último caso sonado en su país fue, en 2014, un derrame de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos de sulfato de cobre en dos ríos del norte de México, en el Estado de Sonora. El Gobierno lo calificó como “el peor desastre ambiental” en la historia de la minería en México y obligó a la compañía a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para resarcir los daños provocados. Otro suceso lamentable en el historial de Grupo México en su territorio de origen fue la muerte en 2006 de 65 mineros en la mina de carbón de Pasta de Conchos. Una explosión provocada por una alta concentración de gas metano sepultó bajo tierra a los trabajadores y sólo se lograron recuperar dos cuerpos. En aquella ocasión la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que acreditó que la mina no contaba con las medidas de seguridad necesarias.
Ahora en España a Grupo México (asociado en este caso a la española Minorbis) se le acusa de cohecho, prevariación y tráfico de influencias en la adjudicación de la explotación de una mina de plomo, cobre y zinc por un periodo de 30 años.
El problema de Perú ha surgido por la divulgación de una grabación en la que un líder social habla con un abogado sobre la posibilidad de pedir dinero a la empresa a cambio de acallar sus protestas contra la construcción de la mina de cobre de Tía María, un proyecto de Southern Copper Company, principal subsidiaria de Grupo México.
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